Los ‘populares’ critican que no se haya adoptado de forma cautelar la suspensión provisional de los dos funcionarios en defensa del interés general y buen nombre de la administración municipal. El artículo 98 del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que la suspensión provisional podrá acordarse preventivamente durante la tramitación del procedimiento judicial que se instruya al funcionario y no se ha realizado.

 

  • Para el PP, se trata de un tema “muy grave” por lo que desde el grupo municipal espera que la justicia llegue hasta el final para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Vélez Málaga ha lamentado el ocultismo con que el equipo de gobierno ha llevado el caso de los dos funcionarios municipales que han sido investigados y procesados con apertura de juicio oral por presunta falsedad documental y ha criticado que con la apertura del expediente disciplinario no se produjera la suspensión cautelar de funciones de acuerdo con la previsto en la ley y respetando siempre el principio de inocencia.

El viceportavoz municipal ‘popular’, Luis García, ha explicado que la oposición ha tenido conocimiento del asunto a través de los medios de comunicación, “algo que no es comprensible hablando de un tema de tanta gravedad”, en el que la Fiscalía solicita penas de prisión para ambos funcionarios.

El concejal ha recordado que los hechos que se investigan son la supuesta falsificación por parte de los funcionarios de certificados que necesitaban para obtener mejor puntuación en un proceso de selección en la Diputación Provincial, para acreditar méritos inexistentes en la plaza ofertada de letrado.

Por todo ello, el edil ha anunciado que el grupo municipal del PP “va a pedir explicaciones en el ámbito municipal y las razones de la no adopción de las medidas cautelares previstas en la ley al alcalde Moreno Ferrer, que debe de velar en todo momento por el buen nombre de la administración municipal”.

Con esta medida de suspensión cautelar tampoco se vulnera el principio de proporcionalidad, de legalidad ni la presunción de inocencia de la que gozan los funcionarios públicos, ni se arroga la administración atribuciones del juez instructor Penal; simplemente ha valorado la trascendencia y circunstancias del hecho y de forma ponderada y razonada adopta la medida en defensa del interés general.