2018 ha traído consigo una subida del IBI del 3%.

 

Por regla general, los ayuntamientos están obligados a actualizar sus valores catastrales cada diez años, aunque en la práctica rara vez es así a pesar de que el Ministerio de Hacienda tiene potestad para hacerlo de oficio o para forzar a aquellos acogidos a programas de apoyo a entidades con problemas financieros. Los municipios también tienen en su mano solicitar una revisión.

Aquellos que revisaron por última vez el catastro antes de 2004 verán incrementada la valoración de los inmuebles, sin embargo, los que actualizaron sus datos entre 2005 y 2012 verán ahora reducido este valor.

En el caso de Nerja, verá incrementada la valoración de los inmuebles con un coeficiente del 3%. Esta medida afecta a la base imponible del impuesto, pero puede verse alterada para bien o para mal en función del tipo de gravamen que el ayuntamiento fije posteriormente en cada tributo.

Cabe señalar que además de los efectos en la tributación municipal, el valor catastral también se utiliza para gravar la propiedad en impuestos estatales (IRPF y Patrimonio) y autonómicos (Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales).

Asimismo, la información del catastro inmobiliario también se tiene en cuenta en procesos de concesión de diversas ayudas públicas tales como acceso a vivienda protegida, becas de estudios, subvenciones de comedores sociales, acceso a residencias para la tercera edad o incluso para acogerse a la justicia gratuita.